Tribunal de Cuentas reclama en las Cortes el fin de la colaboración voluntaria en las bajas laborales
Las colaboradoras con Seguridad Social no declararon 5,8 millones al reducir cuotas en 2015, según el informe que lleva al Congreso
El Tribunal de Cuentas presenta este miércoles ante las Cortes el informe en el que reclamaba acabar con la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de las bajas laborales, y en el que también detectaba que estas sociedades no declararon una reducción de cuotas de 5,8 millones de euros en 2015.
El órgano fiscalizador pide acabar con esta fórmula de colaboración voluntaria, a través de la cual 240 empresas colaboraron en 2015 en la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, que en 2015 generó obligaciones por el Instituto Nacional de la Seguridad Social con las empresas por 105,4 millones de euros.
Estas sociedades, señala el Tribunal, gozan de “una situación más ventajosa” que el resto de colaboradoras, pues no anticipan el importe de la prestación, no se les obliga a aportar recursos propios al sistema ni realizar aportación alguna al sostenimiento de los servicios comunes y, además, tienen derecho a mejorar la citada prestación con cargo a la colaboración.
Además, el Tribunal critica que ni el importe de las cuotas retenidas ni los gastos imputables por las empresas (141,4 millones y 128,2 millones en 2015, respectivamente) tiene reflejo en ninguna partida del presupuesto de la Seguridad Social ni su resultado económico-patrimonial por lo que no se aporta información sobre las mismas en las cuentas aportadas para su fiscalización.
CRITICA LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL
En su informe, el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda carga contra la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social pues, critica, “no ha ejercido de forma eficiente la competencia relativa a la coordinación y tutela sobre la gestión de las empresas que colaboran voluntariamente”.
Así, enumera que no aprobó ninguna instrucción para definir cómo remitir la información, su plazo, el contenido de la misma o las propias consecuencias ante la falta de envío ni tampoco los gastos imputables a la gestión de las prestaciones económicas.
Fuente: Blog laboral