La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció este jueves un duro recorte de sus perspectivas de crecimiento mundial: la firma con sede en París espera ahora que el PIB mundial crezca en 2019 en un 2,9% —la peor cifra en una década—. Un escenario de desaceleración en el que España, con un déficit todavía elevado y una deuda cada vez mayor, tendría poco margen de maniobra a la hora de hacer frente a una posible crisis. De hecho, es tal el panorama que la OCDE (que sí recomienda valerse de los estímulos fiscales) afirma que si España quiera aumentar la inversión pública, antes debería compensar ese gasto extra con una subida de los impuestos.

Son varios los riesgos que la OCDE ve en el horizonte dada la ralentización percibida: Brexit, guerra comercial, la vulnerabilidades de los mercados financieros… En este contexto, han sido ya varias las voces que han avisado de que a los bancos centrales (con los tipos de interés en mínimos históricos) se les está acabando la pólvora y de que los países tendrán que capear la próxima crisis con herramientas fiscales. De hecho, la OCDE argumenta que la eurozona debería haber empezado a combinar distintos instrumentos económicos ya desde la crisis, en vez de concentrar la responsabilidad en la política monetaria. «La eurozona necesita un ‘mix’ de políticas integradas en vez de confiar principalmente en política monetaria”.

“Para que las perspectivas de crecimiento de la eurozona se refuercen, se necesita una combinación de medidas fiscales y estructurales que esté bien diseñada y que se adapte a cada país”, aconseja la OCDE. Es ahí donde la OCDE recomienda, entre otras medidas, hacer uso del gasto público. “Todos los países de la eurozona deberían subir el gasto público en un 0,75% del PIB durante cinco años — una cantidad similar a lo recortado durante la crisis financiera—”.

Una iniciativa que, sin embargo, se tiene que matizar en el caso de países como Francia, Italia o España, explica la OCDE en sus últimas previsiones bianuales. Estos países “tenían menos espacio disponible [durante la crisis] para el estímulo fiscal, con unos déficits presupuestarios en o por encima del 3% del PIB y unos ratios de deuda pública y PIB al alza”. Asimismo, hoy por hoy, “en estos países, se asume que cualquier inversión adicional pública será mitigada con unos impuestos directos más altos, para que el impacto presupuestario sea neutral ya de antemano”, zanjan desde la OCDE.

Según los datos de la Intervención General del Estado (IGAE) a cierre del primer semestre, el déficit del Estado alcanza ya un 0,84% del PIB, frente al 0,68% que suponía un año antes. Y es que el déficit presupuestario de España se situaba a cierre de 2018 en un 2,48%, según datos de Eurostat. Todo esto además de unos niveles de deuda que ya suponen el 97,61% del PIB, según datos a cierre de julio del Banco de España.

Un aviso de la OCDE que coincide con el tirón de orejas de un informe del Banco Central Europeo (BCE) de hace unas semanas, cuando el regulador monetario puso en el foco a las cuentas públicas de España (así como Italia, Francia y Bélgica) por estar todavía tan lejos de los objetivos presupuestarios de medio plazo de la Comisión Europea. Todo esto en un momento en el que los expertos recomiendan construir un colchón fiscal sólido mientras haya bonanza económica.

Pese a todo, en pleno torbellino político, los políticos se lanzan a prometer bajadas de impuestos y un aumento de gasto en iniciativas que aumenten el atractivo de sus partidos de cara a lo que parecen ser unas inminentes segundas elecciones.

Fuente: El Confidencial